El veto de Macri a la prohibición de desalojos en edificios públicos demuestra que el desalojo, el hacinamiento y la expulsión de trabajadores de la Ciudad son una política de Estado. Esta es la orientación social que se cobró, el sábado pasado, la vida de seis criaturas en la Boca. Con la vía libre a los desalojos en edificios públicos, Macri y sus funcionarios han confirmado la responsabilidad política y penal que les cabe en ese crimen. Denunciamos, asimismo, la impostura de Aníbal Ibarra, que hoy “critica” la decisión de Macri cuando, en 2004, vetó una ley similar.
El veto de Macri tiene un objetivo preciso: desalojar a las 700 familias que viven en la traza de la ex AU 3. Rechazamos este desalojo masivo, y llamamos a una acción común de todas las organizaciones de lucha por el techo para quebrar la ofensiva macrista.